por Nicolás Márquez para La Nueva Provincia
Con sorpresa, estamos asistiendo a un sinfín de actos, adulaciones y publicaciones en honor a la trayectoria del ex presidente Raúl Alfonsín, quien se consagrara como tal en diciembre de 1983.
Poseedor de una oratoria tan enérgica como insustancial, su discurso demagógico no exento de notable habilidad para arrancar encendidos aplausos de la muchedumbre, durante su campaña recolectora de votos en 1983, supo embaucar a una multitud que, horrorizada por la lista que, por entonces ofrecía el peronismo, volcó sus preferencias por el presunto mal menor.
Tras ganar las elecciones, Alfonsín, lo primero que hizo al asumir, fue llevar adelante un revanchismo contra el gobierno cívico-militar saliente (cuyo golpe de Estado, en marzo de 1976, fuera apoyado y aprobado por la UCR, la cual comandó 310 intendencias, durante el gobierno del presidente Jorge Rafael Videla), impulsando un juicio a las cúpulas castrenses a través del decreto 158/83 (atropellando la independencia del Poder Judicial), cuya letra, además, contenía la condena en el decreto mismo.
Maliciosamente, toda su revisión sobre el pasado (a la sazón bien reciente) fue impuesta a partir del 24 de marzo de 1976 y no se revisó una coma de todas las responsabilidades y felonías cometidas tanto por el terrorismo subversivo como por la partidocracia, antes de dicha fecha. Salvo excepciones, los medios televisivos se mantuvieron en manos del Estado, a efectos de controlar la prensa, llevando adelante una profusa campaña psicológica de inequívoca tendencia marxista, dentro de la cual se atentó contra la libertad de prensa, encarcelando a periodistas opositores como Daniel Lupa, y se descubrió una lista negra de 30 periodistas (entre ellos, Rosendo Fraga y Carlos Manuel Acuña), con la orden de encarcelarlos por no compartir la filosofía del régimen, y cuyas detenciones finalmente se frenaron con motivo del escándalo acaecido.
Hasta un personaje de la frivolidad, como Mirtha Legrand, tuvo problemas profesionales, teniendo que mudar de canal, por cometer el delito virtual de no adular al mandón favorito de la socialdemocracia latinoamericana.
En los años 70, fue simpatizante y abogado de los terroristas del ERP y mantuvo aceitados contactos con el terrorismo montonero, a varios de cuyos miembros agasajó con afectuosos almuerzos (entre ellos, al indultado Miguel Bonasso), en agradecimiento por haber colocado en sus órganos de prensa a su discípulo Leopoldo Moreau. Incluso, fue acusado de participar en la negociación a favor de la guerrilla, en el caso del secuestro y crimen de lesa humanidad del empresario Oberdán Sallustro, a la sazón víctima del ERP.
Con estos antecedentes setentistas, durante su mandato, las deliberadas simpatías para con la guerrilla marxista no cesaron y jamás se promovió un solo juicio a un terrorista, dedicando toda su gestión a humillar a los militares, quienes, paradójicamente, en enero de 1989, lo salvaron del intento de golpe de Estado perpetrado por el ataque terrorista de la organización MTP (Movimientos Todos por la Patria), por entonces comandado por el asesino serial y ex guerrillero Enrique Gorriarán Merlo.
En política internacional, de la mano del canciller socialista Dante Caputo, la Argentina tuvo relaciones carnales con las tiranías marxistas de la época, votando, incluso, ante la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos, en marzo de 1987, de manera negativa en la acusación que pesaba sobre Cuba por sus consabidas violaciones a los de derechos humanos. Es más, la empobrecida Argentina alfonsinista otorgó créditos incobrables a Nicaragua y Cuba por 400 y 600 millones de dólares, respectivamente.
Asimismo, en su afán por consolidar lazos con los despotismos de la época, en avieso desprecio por la democracia y el sistema republicano, firmó "convenios culturales" con países de la talla de la República Argelina (3/12/84), Nicaragua (16/2/84), Cuba (9/8 y 13/11/84), Rusia (26/1 y 26/86) y Bulgaria (29/7/86).
Para júbilo de los delincuentes, Alfonsín fue también el padre del garantismo penal, promoviendo la sanción de las leyes 23.050 y 23.077, las cuales ampliaban la eximición de prisión y disminuían las penas para el infanticidio, ocupación de inmuebles y muchos otros delitos.
En cuanto a la administración de la cosa pública, la burocracia y el despilfarro socialista se expandieron desmesuradamente, y de 8 secretarías de Estado se pasó a 42, de 20 subsecretarías a 96 y se nombró a 280.000 agentes públicos.
Ferviente admirador del eurocomunismo, Alfonsín logró que, en 1985, el 50% de los medios de producción estuvieran en manos estatales y la Argentina se constituyó, poco después, en el país no comunista de mayor estatismo del mundo, secundando a Méjico. En dicho lapso, se inauguró, además, la execrable práctica clientelista consistente en traficar miseria con "planes sociales", los cuales, por entonces, estuvieron materializados en las famosas "cajas de PAN", las que fueron quintuplicadas con motivo del desparramo de miseria que generó su "administración", cuya cartera de economía fue mayormente capitaneada por Juan Vital Sourrouille.
Tan amante de la oratoria como de la pereza laboral, en 1986, por ejemplo, pronunció 130 discursos (uno cada dos días) y concurrió a su despacho 2,3 días por semana.
En materia económica, tras pulverizar el signo peso, en 1985, lanzó el tristemente célebre "Plan Austral", un programa estatista basado en la emisión de moneda sin respaldo y controles de precios, el cual, por su perversión intrínseca, obviamente implosionó de manera dramática, y, para paliar los destrozos económicos y financieros, el "equipo de lujo" que lo asesoraba (así calificó públicamente a sus ministros, que no dejaron institución por destrozar) lanzó otra "genialidad": el "Plan Primavera", inaugurado el 3 de agosto de 1988.
El cual no era otra cosa que una renovada aventura socialista que derivó en la hiperinflación más alta de la historia argentina.
Desde el 10 de diciembre de 1983 hasta su abandono del poder, el 8 de julio de 1989, la inflación acumulada fue del 664.801 por ciento, la más alta en la historia mundial, después de la Segunda Guerra Mundial.
La depreciación monetaria fue del 1.627.429 por ciento, y, entre el 6 de febrero y el 8 de julio de 1989, el Austral (signo monetario de entonces) se devaluó un 3.050 por ciento.
Durante los cinco años y medio de gestión "progresista", el poder adquisitivo se desplomó entre un 107 y un 121 por ciento. La deuda externa recibida al comenzar su gestión arañaba los 40 mil millones de dólares, mientras que, cuando huyó de su cargo, dejó al país con 67 mil millones de dólares de deuda externa, treinta mil millones de dólares de deuda interna (ambos guarismos fueron unificados en los años 90), y sólo 38 millones de dólares de reserva en el Banco Central, con el país en default y la gente peregrinando despavorida por los desabastecidos mercados, para poder arrancar un paquete de azúcar o de yerba de las góndolas semivacías de la década del 80.
Durante los últimos tramos de su "gestión", en el país no había luz (la televisión empezaba a las 17, para que la gente no consumiera corriente eléctrica), no había agua, no funcionaban los teléfonos, peligraba la reserva de gas y, en tanto, Alfonsín seguía soñando en quedar en el olimpo de los próceres divagando con "el traspaso de la Capital a Viedma" y otros emprendimientos faraónicos.
La sociedad empobrecida y angustiada escuchaba atónita el cúmulo de tonterías verbalizadas por el presidente-desertor, quien se escapó de su cargo seis meses antes de lo que ordenaba la Constitución Nacional, cuyo preámbulo se cansó de recitar en su campaña electoral, a efectos de hacerse pasar por un "gran demócrata", que, además, no lo fue.
Tras su fuga, se dedicó a perturbar la política nacional desde fuera del poder institucional, destruyendo la Constitución Nacional en el ominoso "Pacto de Olivos" que él acordó con el entonces presidente Carlos Menem, y que fuera la antesala de la pésima reforma constitucional de 1994.
Ya asociado en el año 2001, implícitamente con Eduardo Duhalde, formó parte de la conspiración desestabilizadora que acabó en el derrocamiento de su par y correligionario, el presidente Fernando de la Rúa.
Hoy, preso de la vejez y de una grave enfermedad, a través del grueso de los medios de comunicación, periodistas, políticos, funcionarios y politólogos de las más diversas tendencias y orígenes se encargan de homenajear y cantar loas a su trayectoria. Es sano y humano compadecerse con quien padece una enfermedad o por cuestiones biológicas alcanza la vejez, pero una cosa es practicar la caridad y otra bien distinta ensalzar una trayectoria plagada de horrores y características negativas, puesto que esto último no sólo constituye un premio inmerecido, sino que, además, se falsea la historia otra vez, pretendiendo hacer pasar por estadista a quien fuera uno de los peores gobernantes de la triste historia argentina.
Poseedor de una oratoria tan enérgica como insustancial, su discurso demagógico no exento de notable habilidad para arrancar encendidos aplausos de la muchedumbre, durante su campaña recolectora de votos en 1983, supo embaucar a una multitud que, horrorizada por la lista que, por entonces ofrecía el peronismo, volcó sus preferencias por el presunto mal menor.
Tras ganar las elecciones, Alfonsín, lo primero que hizo al asumir, fue llevar adelante un revanchismo contra el gobierno cívico-militar saliente (cuyo golpe de Estado, en marzo de 1976, fuera apoyado y aprobado por la UCR, la cual comandó 310 intendencias, durante el gobierno del presidente Jorge Rafael Videla), impulsando un juicio a las cúpulas castrenses a través del decreto 158/83 (atropellando la independencia del Poder Judicial), cuya letra, además, contenía la condena en el decreto mismo.
Maliciosamente, toda su revisión sobre el pasado (a la sazón bien reciente) fue impuesta a partir del 24 de marzo de 1976 y no se revisó una coma de todas las responsabilidades y felonías cometidas tanto por el terrorismo subversivo como por la partidocracia, antes de dicha fecha. Salvo excepciones, los medios televisivos se mantuvieron en manos del Estado, a efectos de controlar la prensa, llevando adelante una profusa campaña psicológica de inequívoca tendencia marxista, dentro de la cual se atentó contra la libertad de prensa, encarcelando a periodistas opositores como Daniel Lupa, y se descubrió una lista negra de 30 periodistas (entre ellos, Rosendo Fraga y Carlos Manuel Acuña), con la orden de encarcelarlos por no compartir la filosofía del régimen, y cuyas detenciones finalmente se frenaron con motivo del escándalo acaecido.
Hasta un personaje de la frivolidad, como Mirtha Legrand, tuvo problemas profesionales, teniendo que mudar de canal, por cometer el delito virtual de no adular al mandón favorito de la socialdemocracia latinoamericana.
En los años 70, fue simpatizante y abogado de los terroristas del ERP y mantuvo aceitados contactos con el terrorismo montonero, a varios de cuyos miembros agasajó con afectuosos almuerzos (entre ellos, al indultado Miguel Bonasso), en agradecimiento por haber colocado en sus órganos de prensa a su discípulo Leopoldo Moreau. Incluso, fue acusado de participar en la negociación a favor de la guerrilla, en el caso del secuestro y crimen de lesa humanidad del empresario Oberdán Sallustro, a la sazón víctima del ERP.
Con estos antecedentes setentistas, durante su mandato, las deliberadas simpatías para con la guerrilla marxista no cesaron y jamás se promovió un solo juicio a un terrorista, dedicando toda su gestión a humillar a los militares, quienes, paradójicamente, en enero de 1989, lo salvaron del intento de golpe de Estado perpetrado por el ataque terrorista de la organización MTP (Movimientos Todos por la Patria), por entonces comandado por el asesino serial y ex guerrillero Enrique Gorriarán Merlo.
En política internacional, de la mano del canciller socialista Dante Caputo, la Argentina tuvo relaciones carnales con las tiranías marxistas de la época, votando, incluso, ante la ONU, en la Comisión de Derechos Humanos, en marzo de 1987, de manera negativa en la acusación que pesaba sobre Cuba por sus consabidas violaciones a los de derechos humanos. Es más, la empobrecida Argentina alfonsinista otorgó créditos incobrables a Nicaragua y Cuba por 400 y 600 millones de dólares, respectivamente.
Asimismo, en su afán por consolidar lazos con los despotismos de la época, en avieso desprecio por la democracia y el sistema republicano, firmó "convenios culturales" con países de la talla de la República Argelina (3/12/84), Nicaragua (16/2/84), Cuba (9/8 y 13/11/84), Rusia (26/1 y 26/86) y Bulgaria (29/7/86).
Para júbilo de los delincuentes, Alfonsín fue también el padre del garantismo penal, promoviendo la sanción de las leyes 23.050 y 23.077, las cuales ampliaban la eximición de prisión y disminuían las penas para el infanticidio, ocupación de inmuebles y muchos otros delitos.
En cuanto a la administración de la cosa pública, la burocracia y el despilfarro socialista se expandieron desmesuradamente, y de 8 secretarías de Estado se pasó a 42, de 20 subsecretarías a 96 y se nombró a 280.000 agentes públicos.
Ferviente admirador del eurocomunismo, Alfonsín logró que, en 1985, el 50% de los medios de producción estuvieran en manos estatales y la Argentina se constituyó, poco después, en el país no comunista de mayor estatismo del mundo, secundando a Méjico. En dicho lapso, se inauguró, además, la execrable práctica clientelista consistente en traficar miseria con "planes sociales", los cuales, por entonces, estuvieron materializados en las famosas "cajas de PAN", las que fueron quintuplicadas con motivo del desparramo de miseria que generó su "administración", cuya cartera de economía fue mayormente capitaneada por Juan Vital Sourrouille.
Tan amante de la oratoria como de la pereza laboral, en 1986, por ejemplo, pronunció 130 discursos (uno cada dos días) y concurrió a su despacho 2,3 días por semana.
En materia económica, tras pulverizar el signo peso, en 1985, lanzó el tristemente célebre "Plan Austral", un programa estatista basado en la emisión de moneda sin respaldo y controles de precios, el cual, por su perversión intrínseca, obviamente implosionó de manera dramática, y, para paliar los destrozos económicos y financieros, el "equipo de lujo" que lo asesoraba (así calificó públicamente a sus ministros, que no dejaron institución por destrozar) lanzó otra "genialidad": el "Plan Primavera", inaugurado el 3 de agosto de 1988.
El cual no era otra cosa que una renovada aventura socialista que derivó en la hiperinflación más alta de la historia argentina.
Desde el 10 de diciembre de 1983 hasta su abandono del poder, el 8 de julio de 1989, la inflación acumulada fue del 664.801 por ciento, la más alta en la historia mundial, después de la Segunda Guerra Mundial.
La depreciación monetaria fue del 1.627.429 por ciento, y, entre el 6 de febrero y el 8 de julio de 1989, el Austral (signo monetario de entonces) se devaluó un 3.050 por ciento.
Durante los cinco años y medio de gestión "progresista", el poder adquisitivo se desplomó entre un 107 y un 121 por ciento. La deuda externa recibida al comenzar su gestión arañaba los 40 mil millones de dólares, mientras que, cuando huyó de su cargo, dejó al país con 67 mil millones de dólares de deuda externa, treinta mil millones de dólares de deuda interna (ambos guarismos fueron unificados en los años 90), y sólo 38 millones de dólares de reserva en el Banco Central, con el país en default y la gente peregrinando despavorida por los desabastecidos mercados, para poder arrancar un paquete de azúcar o de yerba de las góndolas semivacías de la década del 80.
Durante los últimos tramos de su "gestión", en el país no había luz (la televisión empezaba a las 17, para que la gente no consumiera corriente eléctrica), no había agua, no funcionaban los teléfonos, peligraba la reserva de gas y, en tanto, Alfonsín seguía soñando en quedar en el olimpo de los próceres divagando con "el traspaso de la Capital a Viedma" y otros emprendimientos faraónicos.
La sociedad empobrecida y angustiada escuchaba atónita el cúmulo de tonterías verbalizadas por el presidente-desertor, quien se escapó de su cargo seis meses antes de lo que ordenaba la Constitución Nacional, cuyo preámbulo se cansó de recitar en su campaña electoral, a efectos de hacerse pasar por un "gran demócrata", que, además, no lo fue.
Tras su fuga, se dedicó a perturbar la política nacional desde fuera del poder institucional, destruyendo la Constitución Nacional en el ominoso "Pacto de Olivos" que él acordó con el entonces presidente Carlos Menem, y que fuera la antesala de la pésima reforma constitucional de 1994.
Ya asociado en el año 2001, implícitamente con Eduardo Duhalde, formó parte de la conspiración desestabilizadora que acabó en el derrocamiento de su par y correligionario, el presidente Fernando de la Rúa.
Hoy, preso de la vejez y de una grave enfermedad, a través del grueso de los medios de comunicación, periodistas, políticos, funcionarios y politólogos de las más diversas tendencias y orígenes se encargan de homenajear y cantar loas a su trayectoria. Es sano y humano compadecerse con quien padece una enfermedad o por cuestiones biológicas alcanza la vejez, pero una cosa es practicar la caridad y otra bien distinta ensalzar una trayectoria plagada de horrores y características negativas, puesto que esto último no sólo constituye un premio inmerecido, sino que, además, se falsea la historia otra vez, pretendiendo hacer pasar por estadista a quien fuera uno de los peores gobernantes de la triste historia argentina.
Nicolás Márquez (lamentiraoficial@yahoo.com.ar
www.nicolas-marquez.com.ar)
es abogado, periodista y escritor.
Su último libro se titula El Vietnam argentino-La guerrilla marxista en Tucumán.
www.nicolas-marquez.com.ar)
es abogado, periodista y escritor.
Su último libro se titula El Vietnam argentino-La guerrilla marxista en Tucumán.
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